Poder género y amor 2 | Alejandra Mejía, Patricia Alkolombre, Teresa Lartigue

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En años recientes, el estallido de cientos de miles de denuncias, casi en su totalidad de mujeres, acerca de acoso ha generado una amplia y necesaria conciencia sobre la extensión y gravedad de las variadas formas de abuso y violencia que este implica. El panorama esbozado es desolador: desde violaciones hasta manoseos; desde amenazas de despido a condicionamiento de la permanencia en el trabajo a cambio de “favores sexuales”. Las denuncias han sido un potente indicador del dolor, la indignación y el hartazgo por los episodios agresivos o humillantes que han padecido –y siguen padeciendo– muchísimas mujeres. El acoso sexual ocurre en una variedad de situaciones cotidianas: insinuaciones constantes, invasión a la corporalidad y otras formas de abuso de poder, vinculado a la posibilidad de ser afectadas laboralmente, perder el empleo, ser reprobadas en los estudios o quedar bloqueadas en su desarrollo profesional.

Los grupos feministas que luchan contra la violencia hacia las mujeres plantean al acoso como una manifestación de la desigualdad estructural de género (Chaparro, 2021). Y en todo el mundo las activistas feministas que luchan contra la violencia sexual incluyen al acoso como una de sus prioridades.

En el debate en torno al acoso sexual se ponen en evidencia transformaciones en las relaciones de género que se están llevando a cabo en la trama cultural de nuestras sociedades. Hay que analizar sus distintas aristas y vertientes, para impedir que se originen otras injusticias; calificar de acoso a todos los actos que incomodan o molestan no sirve para frenar el acoso sexual. Es evidente que el hecho de que existan leyes y protocolos adecuados hace una diferencia, pero esa diferencia depende también de equilibrios institucionales y culturales. ¿Cómo se aplica la ley cuando no hay un verdadero Estado de derecho? ¿Cómo se respeta un protocolo, cuando las propias autoridades lo evaden?

Marta Lamas